Un informe de Amnistía Internacional revela que las autoridades en Corea del Norte aplican sanciones severas, que pueden llegar hasta la pena de muerte, a aquellos que vean o distribuyan contenido mediático extranjero, destacando especialmente los dramas surcoreanos.
De acuerdo con testimonios de refugiados norcoreanos recopilados por la organización, el régimen de Pyongyang considera este tipo de contenido como una amenaza directa a lo que define como la identidad ideológica del estado, tratándolo como un delito grave que compromete la seguridad del régimen.
El informe también indica que las restricciones no se limitan a la visualización individual, sino que abarcan la distribución, posesión e incluso el simple compartir de clips, en el marco de una política destinada a aislar a la sociedad de cualquier influencia cultural externa, en medio de advertencias sobre un aumento en las violaciones de las libertades fundamentales.