Legal Dispute Between the White House and Harvard Over Federal Funding Intensifies

La Casa Blanca impugna un fallo judicial
Los abogados de la administración Trump han presentado un recurso ante un tribunal federal, indicando que el gobierno tiene la intención de apelar la decisión que permitió la reanudación de la financiación a Harvard. El caso será enviado a un tribunal de apelaciones, aunque aún no se ha especificado una fecha para la audiencia.
Restricciones financieras afectan a universidades de renombre en EE. UU.
La administración había impuesto restricciones severas que limitaban la capacidad de Harvard, ubicada en Cambridge, Massachusetts, para acceder a fondos federales destinados a ayudas estudiantiles. Estas medidas incluyeron:
Congelación de aproximadamente 2.6 mil millones de dólares en subvenciones federales.
Suspensión de financiamientos relacionados con programas de salud.
Revocación del certificado SEVIS, que permite a estudiantes extranjeros estudiar en Estados Unidos.
Estudiantes internacionales en el centro del conflicto
Los estudiantes internacionales constituyen alrededor del 27% de la matrícula total de Harvard durante el año académico 2024-2025, lo que los convierte en una fuente principal de ingresos para la universidad. Esto amplifica el impacto de las decisiones gubernamentales sobre su estabilidad financiera y académica.
La política de Trump hacia las universidades
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha lanzado una campaña contra varias universidades estadounidenses, amenazando con cortar la financiación federal debido a lo que su administración considera “excesos ideológicos”, incluyendo:
Protestas pro palestinas contra la guerra en Gaza.
Políticas sobre personas transgénero.
Iniciativas climáticas.
Programas de diversidad, equidad e inclusión.
Acusaciones sobre la protección de estudiantes judíos
La administración Trump ha acusado a algunas universidades, incluida Harvard, de no proporcionar suficiente protección a los estudiantes judíos o israelíes durante las protestas en los campus universitarios que piden el cese de la guerra en Gaza. Estas acusaciones han sido rechazadas por varias instituciones académicas, que las consideran una restricción a la libertad de expresión.
Un conflicto que trasciende la financiación
Este caso refleja un conflicto más amplio entre la administración estadounidense y las instituciones académicas, que va más allá de la financiación y plantea preguntas sobre la libertad de expresión, el papel de las universidades y los límites de la intervención política en la educación superior.
